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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, anunció que en el actual período de Sesiones Ordinarias en el Congreso se impulsarán 3 iniciativas en concreto para enfrentar la criminalidad y a las bandas dedicadas al narcotráfico.
El período de Sesiones Ordinarias en el Congreso arrancó el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril. En este período, a diferencia del período de Sesiones Extraordinarias, los diputados pueden definir la agenda de proyectos que discuten.
Los 3 expedientes en materia de seguridad que se van a priorizar en estos meses se encuentran ya en la corriente legislativa y fueron seleccionados como prioritarios por jerarcas de los 3 Supremos Poderes de la República. Dos de ellos ya superaron su trámite en primer debate, pero fueron señalados con roces constitucionales por parte de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia (ver nota abajo).
Paralelamente, Arias convocó a una reunión a los cuerpos policiales junto con los jefes de fracción y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. La finalidad del encuentro, que será el 20 de febrero, será que las autoridades judiciales y policiales dejen claro los recursos necesarios para enfrentar la criminalidad.
Los proyectos prioritarios
Los 3 proyectos que tendrán mayor atención en materia de seguridad en el Congreso son:
Proyecto para atacar capitales del narco
Este proyecto busca incorporar, mediante una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 27 de agosto por el Congreso. La Sala Constitucional lo declaró con vicios constitucionales el pasado 23 de octubre, los cuales deberán de ser corregidos por los congresistas.
Uno de los temas pendientes de definir es el monto del incremento de capital. Actualmente, en el texto en discusión se menciona que el incremento de capital deberá ser igual o superior a los $10 mil o su equivalente en otra moneda y, con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.
Proyecto para reformar el Código Procesal Penal para fortalecer la prisión preventiva en delitos que atenten contra la seguridad ciudadana.
Este plan también se aprobó en primer debate en septiembre del año pasado y fue declarado también inconstitucional por la Sala IV un mes después de su aprobación, por lo que los legisladores de igual manera deberán corregirlo.
Los magistrados lo declararon inconstitucional por violentar los principios de presunción de inocencia, legalidad penal, razonabilidad y proporcionalidad.
El plan busca modificar los parámetros para que los jueces dicten la medida de prisión preventiva. El proyecto consiste en una reforma a los artículos 239 y 239 bis del Código Penal.
El texto original del proyecto señalaba que los tribunales podrán ordenar la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran circunstancias como que exista peligro para la víctima, el denunciante, el testigo y la comunidad. También, cuando la víctima, el denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida. Sin embargo, el término “peligro para la comunidad” fue uno de los aspectos que especialistas y diputados señalaron que podría ser ambiguo e inconstitucional.
Proyecto sobre ejecución de la pena
Este plan, que ya está en su etapa de discusión en el plenario, busca endurecer los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad.
La propuesta también establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
Además de regular los beneficios carcelarios, la intención del plan es delimitar los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
A pesar de que el propio Gobierno -por medio del Ministerio de Justicia- impulsó en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley y que la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros Gallo, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el Mandatario lo retiró de la agenda de las pasadas Sesiones Extraordinarias en el Congreso.
El retiro del proyecto hizo que, por 3 meses, la propuesta de ley se estancara, esto en medio de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.
Source
Carlos Mora
